Revocan vinculación a proceso a ex titular de Seduma

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Décimonoveno Circuito revocó la vinculación a proceso dictada contra el ex secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma) en Tamaulipas, al determinar que el delito que se le imputaba ya prescribió.

Al resolver el amparo en revisión 12/2025, el magistrado Guillermo Cuautle Vargas concluyó que la acción penal contra Guillermo “E” por el delito de Ejercicio Ilícito del Servicio Público fue promovida fuera del plazo legal establecido.

Según la carpeta procesal 353/2023, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción acusó al ex funcionario de haber firmado de manera indebida, el 20 de junio de 2019, un convenio de reconocimiento de adeudo y pago con una empresa, facultad que —de acuerdo con el Ministerio Público— correspondía exclusivamente a la Secretaría de Finanzas estatal.

Por estos hechos, una jueza de Control determinó el 15 de enero de 2024 vincularlo a proceso e imponerle medidas cautelares, entre ellas la obligación de firmar periódicamente y la entrega de su pasaporte.

No obstante, el Tribunal Colegiado precisó que el delito contemplado en el artículo 209, fracción IV, establece una pena de dos a seis años de prisión. Para efectos de la prescripción, el plazo se calcula con base en el término medio aritmético de la sanción, es decir, cuatro años.

El magistrado explicó que el cómputo debe iniciar a partir de la consumación del delito, que en este caso ocurrió el 20 de junio de 2019, fecha en que se suscribió el convenio. Así, la acción penal prescribió el 20 de junio de 2023. Sin embargo, la denuncia fue presentada el 4 de agosto de 2023 y la acción penal se ejercitó formalmente el 7 de noviembre de ese mismo año, cuando se solicitó fecha para la audiencia inicial.

Dado que el plazo de cuatro años ya había transcurrido cuando se inició el procedimiento penal, el Tribunal ordenó dejar sin efectos la vinculación a proceso y dictar auto de no vinculación, además de sobreseer la causa penal.

En consecuencia, se concedió el amparo y la protección de la justicia federal para que la jueza de Control emita una nueva resolución en la que declare la prescripción del delito y cierre definitivamente el caso.