ONU-DH señala relación de fuerzas federales en desapariciones forzadas

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Zeid Raád Al Hussein, hizo un llamado urgente a las autoridades mexicanas para “poner fin a la ola de desapariciones” en Nuevo Laredo y sus alrededores considerando que en éstas existe responsabilidad de fuerzas federales.

A través de un comunicado emitido desde Ginebra, el funcionario internacional indicó que, de acuerdo a los testimonios recibidos por la ONU-DH, las cuando menos 40 desapariciones ocurridas de febrero al 16 de mayo de 2018, “habrían sido perpetradas a menudo entrada la noche o al amanecer, por miembros de una fuerza de seguridad federal”.

"Se informó que muchas de estas personas habrían sido detenidas arbitrariamente y desaparecidas mientras realizaban su vida cotidiana. Es particularmente horrífico que al menos cinco de las víctimas sean menores, tres de ellas muy jóvenes, tan sólo de 14 años. Estos crímenes, perpetrados durante cuatro meses en un solo municipio, son indignantes ", dijo Zeid. 

En este sentido, señaló que es vital que las autoridades mexicanas realicen una búsqueda efectiva de las personas cuyo paradero aún sigue siendo desconocido y que lleven a cabo una investigación diligente, independiente y completa, además de brindar protección a los testigos, defensores y familiares de las víctimas.

Enfatizó que resulta preocupante que estos casos se presentan a pocos meses que se aprobara la Ley General de Desapariciones, cuestión que evidencia la necesidad de “verificar si esta nueva Ley representa realmente el cambio que su adopción  promete o si las desapariciones forzadas continuarán, seguidas de impunidad y falta de reparación a las víctimas”.

Así mismo, el documento apunta a que aunque el 10 de mayo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió medidas cautelares El 10 de mayo, entre otras, a la SEMAR (Secretaría de Marina), para proteger a la población civil de Tamaulipas, al menos tres desapariciones han ocurrido desde entonces. 

"Los Estados tienen la obligación de garantizar la seguridad de la población. En el caso de la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por funcionarios públicos, es aún más urgente que el Estado actúe para demostrar que no tolera la comisión de tales graves violaciones ".