Diputados avalan en lo general la prohibición de vapeadores

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, por 324 votos a favor y 129 en contra, imponer penas de uno a ocho años de prisión y una multa de 100 a 2,000 veces el valor diario de la UMA (hasta 226,280 pesos) a quien fabrique o comercialice cigarrillos electrónicos o vapeadores.

Para ello, se reformó la Ley General de Salud, incorporando una definición de cigarrillos electrónicos y vapeadores como sistemas mecánicos, electrónicos o de cualquier tecnología destinados a calentar, vaporizar o atomizar sustancias tóxicas, con o sin nicotina, distintas al tabaco, y que pueden ser inhaladas por los consumidores.

El nuevo artículo 282 Quáter establece que queda prohibido, en todo el territorio nacional, la adquisición, preparación, conservación, producción, fabricación, mezclado, acondicionamiento, envasado, transporte con fines comerciales, almacenamiento, importación, exportación, comercio, distribución, venta y suministro de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos análogos.

Asimismo, la reforma prohíbe toda forma de publicidad o propaganda, en medios impresos, digitales, televisivos, radiales o cualquier otro medio de comunicación, que promueva el consumo de estos productos.

En otro punto, las modificaciones eliminan los porcentajes previamente establecidos para la asignación de recursos del Fondo de Salud para el Bienestar, provenientes del presupuesto del IMSS-Bienestar. Actualmente, la ley destina 8% para atender enfermedades de alto costo, 2% para infraestructura en entidades con mayor marginación y el 1% para complementar los recursos destinados al abasto y distribución de medicamentos, insumos y acceso a estudios clínicos para personas sin seguridad social.

Respecto a la compra consolidada de medicamentos, la reforma exige que las empresas participantes cuenten con laboratorios instalados en México. El dictamen señala que, en los procedimientos de contratación, la Secretaría de Salud deberá promover la participación de personas físicas o morales que acrediten tener inversión en la cadena de producción de medicamentos, dispositivos médicos e insumos, o bien que demuestren el inicio de instalación de fábricas, laboratorios o almacenes relacionados con dicha cadena.